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3 DE DICIEMBRE DE 2015
DÍA
INTERNACIONAL Y EUROPEO DE
LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
POR
LA CONSTITUCIONALIZACIÓN
PLENA
DE LOS DERECHOS SOCIALES
POR
QUE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FIGURE EN LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA COMO DERECHO FUNDAMENTAL
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Con motivo del Día
Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instituido por la
Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, a escala mundial y europea,
y que cada año se celebra el día 3 de diciembre, el movimiento social español de
la discapacidad articulado en torno al CERMI hace público el siguiente
MANIFIESTO
La Constitución
española dispone que es voluntad de la Nación establecer una sociedad democrática avanzada y que
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político.
Tras casi cuatro décadas de vigencia del texto constitucional, y a fin
de convertir en plenos y efectivos esos designios y mandatos en lo referido a
las mujeres y hombres con discapacidad, y a sus familias, ha llegado el momento
político de llevar a la Constitución, mediante su reforma, nuevas y más
vigorosas proclamaciones de derechos, dotando de garantías de cumplimento
reales, prontas y eficaces a los mismos.
¿Por qué?
Porque las personas con discapacidad y sus familias siguen en una
situación generalizada de exclusión social, permanente y estructural, sometidos
a discriminaciones y negaciones múltiples y reiteradas de sus derechos humanos,
y con dificultades enormes para acceder con normalidad a los bienes sociales
que aseguran unas condiciones de vida en comunidad digna y participativa, en
igualdad con el resto de las españolas y españoles.
La profundización democrática y el progreso de la vida española exigen
sin más aplazamientos que los derechos fundamentales y las libertades públicas alcancen
a toda la ciudadanía –y por extensión, sus familias. En especial al colectivo
de personas con discapacidad, que aporta una nota de diversidad humana
intrínsecamente valiosa, que sin embargo a lo largo de la Historia, incluso la
más reciente, ha sido castigada por apartarse del canon de normalidad impuesto.
Una sociedad democrática avanzada, propósito que establece la vigente
Constitución española, pasa hoy como nunca antes por que los derechos sociales, económicos y
culturales adquieran el máximo nivel de proclamación, reconocimiento y
protección constitucionales.
Pasa por que se abandonen esquemas superados en los que estos derechos
tenían y tienen una consideración meramente secundaria, un carácter subalterno
que impide a buena parte de la población -entre ella, las personas con discapacidad
y sus familias- lograr un desarrollo humano completo y liberar el enorme
potencial que encierran para hacer más rica y fecunda la vida social.
Ante ello,
recogiendo el sentir generalizado de los hombres y mujeres con discapacidad, y de
sus familias, el movimiento social de la discapacidad reclama a las fuerzas
políticas que concurren a las Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015,
que adquieran el compromiso de promover con urgencia la reforma de la
Constitución española de 1978.
Todo ello, a fin
de dotar de rango de derecho fundamental -máximo grado de protección y
garantía- a los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía
española, comprendidos los de las personas con discapacidad (y sus familias),
que aseguren su inclusión en la comunidad y la vida independiente, mediante la
no discriminación y la acción positiva.
Los derechos
sociales en la nueva carta constitucional fortalecida y renovada han de tener
el mismo grado de protección y garantía que los derechos civiles y políticos y
las libertades públicas.
En línea con el
planteamiento anterior, la próxima modificación constitucional ha de comprender
la reforma del actual artículo 49, tanto de su contenido, como de su ubicación,
dedicado en el vigente texto constitucional a las personas con discapacidad,
para configurar la igualdad, la inclusión en la comunidad, la protección contra
cualquier forma de discriminación, la vida independiente y la provisión de los
apoyos necesarios, incluida la asistencia personal, como derechos fundamentales, actualizando
asimismo el enfoque y la terminología al paradigma de derechos humanos de
la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006.
Entre estas
garantías constitucionales, necesariamente han de figurar la de la
accesibilidad universal y el diseño para todas las personas de los entornos,
bienes, productos, servicios y procesos –a través de los medios, medidas y
dispositivos precisos como el código de lectoescritura braille, los medios de
apoyo a la comunicación oral, la comunicación alternativa y aumentativa, la
lectura fácil, los productos de apoyo y las tecnologías asistivas, entre
otras-, así como la obligación de proporcionar ajustes razonables a las
personas con discapacidad.
La renovada Constitución
española, en las referencias expresas a las personas con discapacidad, debería
contener también un manifestación de los derechos a la plena igualdad de las
mujeres y niñas con discapacidad, como parte de este grupo social más expuesta
a la exclusión y la discriminación.
3 de diciembre de 2015.
Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
CERMI
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